La discusión por el precio del boleto de colectivo en San Miguel de Tucumán repite sus argumentos de hace años porque el esquema tarifario está mal armado. Por eso a los pasajeros les queda siempre la sensación de que les sacan más dinero a cambio de lo mismo y a los empresarios que nunca pueden cubrir sus costos,en lo que luce como una puja por repartir los costos de la inflación.
Parece la visión mayoritaria que el transporte en colectivo es un servicio para quienes tienen menor poder adquisitivo y por lo tanto debe subsidiarse, pero habría también consciencia de que los costos de la prestación deben cubrirse. Por eso se atienden los pedidos de los empresarios de aumentar el precio pero nunca hasta la cifra reclamada. En consecuencia, los empresarios terminan subsidiando a los pasajeros.
Pero si la decisión de la comunidad es subsidiar a los pasajeros entonces la comunidad debe pagar el subsidio y no sólo quienes tengan empresas de colectivos. Es decir, el mecanismo actual está equivocado y por eso siempre puede aducirse falta de claridad sobre la justificación de la suba solicitada y la justicia de la otorgada.
La situación sería más satisfactoria si el subsidio fuera explícito. Dentro del pensamiento predominante ello se lograría si la Municipalidad pagara a las empresas la diferencia entre lo que recaudan por corte de boletos y los costos de explotación. Entonces, cuando se discutiera el precio del boleto se vería sólo su importancia como subsidio en vez de considerar al mismo tiempo el uso contradictorio de fuente de ingresos empresarios. Pero como para tomar la decisión habría que considerar su efecto sobre las cuentas públicas expresado en una cifra monetaria clara, se podría evaluar mejor si vale la pena subsidiar o no, o en qué medida.
Por supuesto que este esquema requiere que se ponga en marcha un mecanismo que de todos modos debería funcionar ahora, y es el de control del servicio. Esto es, un cuerpo de profesionales, transparente, que vigile costos y condiciones de prestación. Una auditoría de servicios públicos a cuyos resultados de gestión tenga acceso cualquier vecino y con sensibilidad a las iniciativas de grupos ajenos al gobierno municipal.
Lo expuesto no es lo único posible de hacer en cuanto a transporte urbano, ni son los únicos motivos ni mecanismos para subsidiar, pero sería una mejora.
Gustavo F. Wallberg
Director de Políticas Publicas de Federalismo y Libertad