En una columna exclusiva publicada por el sitio independiente Quartier Général[i], cerca de 2.800 investigadores, académicos, terapeutas, abogados, artistas y docentes de Francia denunciaron la censura sin precedentes que llevan a cabo tanto los medios de comunicación y las más grandes empresas de tecnología informática (Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.), frente a todo lo que contradice el discurso oficial relacionado con el nuevo coronavirus.
Cualquier persona que cuestione la validez del “carnet de vacunación”, o simplemente que exija más transparencia en el proceso de vacunación y la estrategia nacional de salud, se expone a todo tipo de censuras, presiones o represalias.
Ninguno de nosotros hubiera creído posible lo que hemos visto desplegarse ante nuestros ojos durante el último año y medio. No porque se presentara una nueva epidemia que pondría a prueba nuestros sistemas inmunitarios y nuestras estructuras de salud colectiva. Eso era predecible. Sino porque la gestión de esta epidemia ha puesto en peligro los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos que se han ganado con esfuerzo desde la Revolución Francesa. Esto sí era impensable.
Libertad de circulación, libertad de expresión, libertad de comercio, libertad de asociación, derecho al trabajo, igualdad de derechos de todos los ciudadanos, no discriminación en el acceso a los bienes, lugares y servicios de la sociedad (incluido el acceso a la atención médica y el acceso a la educación), confidencialidad de los datos personales de salud… la lista es larga, muy larga.
Los estados de emergencia se han apilado uno encima del otro. El Parlamento ha sido tratado como una mera entidad de transcripción. El Presidente de la República gestiona la situación mediante un «Consejo de Defensa Sanitaria», del que no se pueden consultar las actas. Los medios de comunicación de todas las tendencias casi no dejan espacio para el debate y reproducen los discursos del gobierno sin ningún tipo de crítica. Las redes sociales ya no son el medio de expresión libre que se elogiaba en sus inicios. Google (propietario de YouTube) y Facebook [dueño de Instagram y Whatsapp] ya no se contentan con guiar nuestros pensamientos mediante algoritmos. Junto con otros (Twitter, LinkedIn, etc.), ahora operan una censura masiva de cualquier cosa que contradiga la narrativa oficial sobre la Covid-19.
En tal contexto, algunos creen que todo les está permitido. Los influencers hacen propaganda sin ningún tapujo; los ataques ad hominem caen en masa; los ajustes de cuentas son desenfrenados. No solo se pretende desacreditar con categorizaciones infantiles (“conspiracionistas”, “cómplices de la extrema derecha”…), sino también suprimir, despedir, expulsar o, en una palabra, silenciar. Muchos de los que, en virtud de su trabajo, constituyen las élites intelectuales permanecen en silencio, a menudo por temor a ser marginalizados o condenados al ostracismo. Todo esto recuerda de alguna manera los días de la caza de brujas bajo el macartismo.
Mediante este manifiesto, nosotros (profesionales en la investigación, la salud, la educación, el derecho y la cultura) hacemos un llamado a todas las mujeres y hombres que aún aprecian la democracia, a defenderla con todas sus fuerzas.
No. No se nos puede prohibir hablar de los orígenes de Sars-Cov-2. Tampoco analizar las estadísticas de mortalidad más allá del discurso superficial según el cual todos corremos el riesgo de morir (discurso de miedo). Tampoco pueden impedirnos decir que la negativa a tratar temprano a las personas infectadas es un dogma imbécil que, además, podría dar lugar a procesos judiciales. Tampoco está prohibido decir que los confinamientos hacen más daño que bien a las sociedades. Ni se nos puede prohibir la crítica de la influencia de las industrias farmacéuticas –extremadamente ricas y poderosas– sobre la comunidad científica y médica, sobre los gobiernos, las organizaciones supranacionales (OMS, Unión Europea, etc.,) y los grandes medios de comunicación.
Tampoco aceptamos que nos prohíban decir que, si las vacunas de ARNm protegen parcialmente formas graves de Covid, por otro lado –como la difusión de la variante Delta lo muestra en todo el mundo–, no impiden la infección ni la transmisión del virus, lo que le quita todo fundamento sanitario al “carnet de vacunación”. Tampoco que nos prohíban criticar la vacuna por coacción o por chantaje a niños y adolescentes para quienes la relación riesgo / beneficio de la inyección es muy dudosa. Y no aceptamos la prohibición de pedir que esperemos para tener más transparencia y datos de farmacovigilancia, antes de inyectar a determinadas categorías de personas, como, por ejemplo, mujeres embarazadas. Ni que se nos prohíba manifestarnos todos los sábados si se considera intolerable discriminar masivamente a los ciudadanos mediante un “carnet de vacunación”.
Los principios de libertad e igualdad, así como los derechos humanos fundamentales, no pueden ser discutidos ni comprometidos. Son los cimientos de nuestra sociedad política y el verdadero fundamento de la cohesión social. La libertad de expresión es uno de estos derechos fundamentales. Quienes tratan de una forma u otra de impedirlo, están actuando en contra de la democracia.
Algunos de firmantes y víctimas de los ataques y censuras aquí denunciados, fueron:
Laurent Mucchielli, sociólogo, doctor en historia, director de investigación del CNRS.
Jean Roudier, profesor de medicina de la Universidad de Aix-Marsella.
Christian Vélot, genetista, profesor de la Universidad Paris-Saclay.
Jean-Paul Bourdineaud, microbiólogo, profesor de la Universidad de Burdeos.
Jean-Michel Claverie, virólogo, profesor emérito de la Universidad de Aix-Marsella.
Aurélie Vessière, viróloga y epidemióloga de la Universidad de Burdeos.
Claude Escarguel, microbiólogo, ex presidente de la Unión Nacional de Médicos Generales de Hospitales, portavoz del grupo de médicos “Azi-Thro-d’hospitalisations”.
Gérard Maudrux, médico, presidente honorario la caja de pensiones de médicos.
Paul Touboul, profesor de medicina de la Universidad de Lyon, exjefe de departamento en el Hospital de Lyon.
Michel Drancourt, profesor de microbiología médica en la Universidad de Aix-Marsella.
Philippe Brouqui, profesor de medicina de la Universidad de Aix-Marsella.
Xavier Pin, profesor de derecho penal en la Universidad de Lyon 3.
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Las firmas alcanzaron 2.800.
[i] “Todavía tenemos derecho de ejercer el pensamiento crítico en Francia” (negrillas del blog) https://qg.media/2021/08/30/tribune-a-t-on-encore-le-droit-dexercer-son-esprit-critique-en-france/