El Plan Tucumán Futuro, elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad, tiene un capítulo dedicado a brindar propuestas de lineamientos de políticas públicas orientada a mejorar los estándares de seguridad de la provincia.
El Plan Tucumán Futuro, elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad, tiene un capítulo dedicado a brindar propuestas de lineamientos de políticas públicas orientada a mejorar los estándares de seguridad de la provincia.
La inseguridad es un flagelo que afecta la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, como así también el orden público. Las sucesivas administraciones provinciales no ha podido contrarrestar un fenómeno delictivo cada vez mayor en escala e intensidad, declarándose el estado de emergencia en materia de seguridad y carcelaria en 2016. Esta situación excepcional debió generar respuesta acorde por parte del Estado, pero en la práctica no fue capaz de detener la escalada de violencia homicida que en 2020 llegó al máximo histórico provincial con 152 asesinatos, con la segunda tasa cada 100.000 hab. del país, solo superada por Santa Fe. Es necesario aclarar que para 2021 el número absoluto de homicidios dolosos descendió a 105, siendo una cifra igualmente muy elevada.
La propuesta se plantea con políticas de shock y reformas estructurales que son implementadas en forma paralela. Las primeras son de acción inmediata y buscan generan resultados en el corto plazo, perceptibles en la comunidad, bajando la cantidad de delitos de mayor connotación social, la percepción de inseguridad y reflejan la convicción del gobierno de querer tomar control de la situación al inicio de la gestión. En simultáneo, se plantea una agenda de reformas estructurales, que intervendrán con procesos de mejora institucional en los distintos actores responsables de la seguridad pública como la fuerza policial y el servicio penitenciario, políticas de largo plazo, que generarán que los avances obtenidos se consoliden y perduren en el tiempo.
Políticas de Shock
Las primeras propuestas de políticas de shock es contar con data criminal lo suficientemente rigurosa, y capacidades de analizar la misma, para que la política de seguridad se sustente y diseñe sobre lo que realmente sucede. La Ejecución de Encuestas Provinciales de Victimización establecerá la tasa de no denuncia y sus causas y el Desarrollo de un Centro de Análisis Delictual permitirá elaborar estadísticas y mapas del delito dinámicos, insumos necesarios para la realización de operaciones policiales.
La segunda batería de propuestas, busca la Reorganización y fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía, para optimizar el empleo de los recursos humanos y logísticos de la institución, para luego emplearlos de forma inteligente y eficiente, para potenciar su accionar al máximo nivel con la Implementación de nuevas estrategias policiales de despliegue. Al sistema de respuesta del sistema 911 se adicionarán programas con alcance territorial efectivo (Programa de Reforzamiento Operativo Policial y Programa de Vigilancia Zonal).
Acompañando este proceso de cambios a nivel operativo y organizacional, resulta imprescindible y necesario la Descentralización del Sistema 911 y el fortalecimiento de las comisarías como primer escalón de prevención del delito. De esta forma, se podrá trabajar en base a esquemas más eficientes, implementando sistemas de gestión, supervisión y desempeño policial (tipo COMPSTAT) como así también aplicando estrategias de policiamiento comunitario. Para esto, las comisarías deben contar con recursos que hoy no tienen mediante un plan de Reequipamiento y mejoramiento de infraestructura policial y carcelaria.
A nivel político, la estructura burocrática del Ministerio de Seguridad debe ser modificada, generando nuevas prioridades y mayor dinamismo a la gestión, prescindiendo de áreas que no resultan necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la organización, mediante un nuevo Organigrama del Ministerio de Seguridad.
Con el objetivo de aumentar el control y sanción de desviaciones existentes, y mejorar la imagen institucional, se propone una Reestructuración y armado de un nuevo departamento de Asuntos Internos, enviando un fuerte mensaje interno de tolerancia cero respecto a hechos de corrupción policial.
Cerrando el primer paquete de medidas de shock, se propone la “Constitución de una Mesa de Seguridad Rural”, para incrementar la prevención de delitos en este ámbito geográfico particular.
,Reformas Estructurales
En primer lugar reformas normativas con la Actualización y modificación de reglamentos y leyes policiales (Ley Orgánica de la Policía de Tucumán) y el reemplazo definitivo de la ley de Contravenciones Policiales. Por su parte, Ordenamiento y estandarización de los Cuerpos de Seguridad Municipales existentes en la provincia con una nueva ley que homogenice el funcionamiento y accionar de estas fuerzas.
Son imprescindibles reformas jerárquicas impulsando una Reorganización de los escalafones y jerarquías policiales para generar una organización más ágil y flexible, con menor burocracia y mayor empoderamiento de los mandos medios, lo que modificaría propositivamente el marco de incentivos para el personal policial.
Otro pilar fundamental está en las reformas educativas, mediante la Modernización del modelo educativo de la Policía, actualizando los currículos académicos, estableciendo un sistema de formación por competencias y prácticas policiales específicas y capacitaciones de perfeccionamiento a lo largo de toda la carrera como requisito excluyente para ascender. Además, es importante la Formación de cuadros técnicos civiles especializados en seguridad para los actores involucrados en la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias de seguridad ciudadana.
Se plantea reformas éticas mediante la Reconfiguración del sistema de adicionales de la Policía, para que estos no afecten el normal desarrollo del servicio de seguridad pública, sumado a la creación de estructuras de control para inspeccionar y sancionar los servicios adicionales informales. Para que esto resulte exitoso es urgente una recomposición salarial, en conjunto con cambios en el régimen laboral de los policías. A esto se suman propuestas de mejoras en el sistema de retiros y pensiones que agilicen los procesos y generen actualizaciones automáticas en base a los incrementos salariales del personal en actividad.
Además, se proponen la figura del Defensor de la Policía de Tucumán, que busque garantizar la defensa y los intereses individuales y colectivos de los integrantes de la fuerza policial.
Como reformas estratégicas es clave la Reestructuración del Sistema de Inteligencia e Investigaciones, para modificar su organización, funciones, misión y objetivos, así como también para actualizar sus hipótesis de trabajo e intervención, para tener servicios de investigaciones plenamente dedicados a la lucha contra el delito.
Para bajar las reincidencias son necesarias reformas penitenciarias en la política de rehabilitación, reinserción social y laboral de la población carcelaria, reforzando los programas de educación y capacitaciones en oficios, fortaleciendo el Patronato de Internos y Liberados, y desarrollando una estrategia de prácticas laborales programadas en conjunto con entidades empresarias.