La decisión del Ejecutivo Nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena elevar los recursos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, constituye un hecho de extrema gravedad que abre un peligroso proceso de crisis institucional en nuestro país. En Argentina no hay Tribunal Constitucional y ese trabajo recae en la Corte Suprema, cuyos fallos son inapelables, les guste o no a los afectados. Este es el sistema republicano, de inspiración alberdiana, que rige desde 1853 cuando se aprobó la primera Constitución Argentina.
Durante casi 40 años de democracia, solo podemos encontrar un antecedente de desacato que involucra al gobierno nacional: el caso del procurador de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte Suprema le dio la razón en varias oportunidades, pero el gobierno santacruceño, controlado por el kirchnerismo, nunca le devolvió el cargo.
Cómo Fundación del interior del país, que promueve la convivencia democrática a nivel de los estados provinciales, nos preocupa el apoyo de 14 gobernadores a este desacato. Los instamos a reconsiderar esta decisión. Defender los intereses de las provincias y potenciar sus capacidades productivas requiere por un lado 1) Acatar los fallos judiciales, dado que no hacerlo genera una extraordinaria incertidumbre que conspira con el nivel de inversiones necesarios para generar actividad económica, y con ello empleo digno que permita erradicar la pobreza. 2) Modificar el sistema de coparticipación, esa perversa regla que tiene al gobierno nacional como principal recaudador. Este sistema promueve el centralismo, perjudicando a las provincias más productivas y perpetuando el atraso en las más rezagadas.
En 2023 se cumplen 40 años del regreso a la democracia en la Argentina. Estando próximos a una fecha tan importante, instamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar su postura y a cuidar los pactos y los acuerdos que sustentan la convivencia democrática.